Modificación reglamentaria para adecuar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) a las directivas europeas y establecer un nuevo esquema de financiación del bono social

La escalada de los precios de la electricidad durante el segundo semestre de 2021 ha generado interrogantes sobre los pilares regulatorios del sector eléctrico. Esta situación ha puesto en debate la forma más adecuada de integrar las energías renovables y permitir a los consumidores finales beneficiarse de una producción eléctrica sostenible y asequible. El impacto de este incremento de precios ha afectado especialmente a los clientes con contratos de suministro indexados al mercado mayorista, cuyas facturas de electricidad han experimentado un fuerte aumento.

Con el objetivo de mitigar esta exposición y mejorar la estabilidad de los precios, se ha promulgado un nuevo real decreto que introduce señales de precios a plazo en los productos del mercado. Estas señales se configuran como una cesta de productos a plazo referenciados al mercado gestionado por OMIP, incluyendo una distribución de pesos entre los productos mensual, trimestral y anual. Esta distribución permite indexar parcialmente el PVPC a señales de precio de largo plazo y al mismo tiempo ajustar con mayor precisión el portfolio de energía de las comercializadoras de referencia a las necesidades reales de suministro.

En particular, se propone que el producto mensual represente el 10% del total, el producto trimestral el 36% y el producto anual el 54%. Esta distribución se realiza en función de la provisión de aprovisionamiento a plazo por parte de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico, siguiendo lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2022. Este enfoque fomenta tanto el aprovisionamiento como la cobertura por parte de las comercializadoras de referencia, generando incentivos en ambos lados de la oferta y la demanda.

Se establece un marco transitorio que aumenta gradualmente la representatividad de la señal a plazo en el periodo de 2024 a 2026. En el primer año, la señal a plazo representa el 25% del total, incrementándose un 15% cada año hasta alcanzar el 55% en 2026. El 45% restante se destina a la señal diaria e intradiaria. Además, se ha diseñado una fórmula precisa de determinación del coste de la energía que mantiene las oscilaciones del mercado diario sin socavar la indexación a los productos a plazo.

En relación con la financiación del bono social, se hace necesario incluir un término en el PVPC que refleje el coste correspondiente. Las comercializadoras de referencia, al participar en la actividad de comercialización, están obligadas a financiar el bono social. Por lo tanto, este real decreto introduce un nuevo componente en la estructura del PVPC para reflejar el valor unitario del coste del bono social, que será aprobado mediante una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La modificación reglamentaria del PVPC ha sido impulsada por la necesidad de adaptarse a las directivas europeas y mejorar la eficiencia del mercado eléctrico en España. El establecimiento de un nuevo esquema de financiación del bono social, la inclusión del coste del bono social en el PVPC, la reforma del ámbito subjetivo del PVPC y la implementación de un sistema de acreditación para las microempresas son aspectos clave de esta modificación. Asimismo, la elaboración de un informe anual sobre la estructura del mercado minorista brindará información valiosa para evaluar el nivel de competencia y tomar decisiones informadas sobre el PVPC. Estas medidas buscan garantizar un mercado eléctrico más competitivo y proporcionar protección a los consumidores domésticos y microempresas.

En resumen, esta modificación reglamentaria del PVPC refleja el compromiso de España con las normativas europeas y su voluntad de promover un mercado eléctrico eficiente y equitativo. A través de estas disposiciones, se espera fomentar la competencia, garantizar la financiación del bono social y brindar transparencia en el mercado minorista de electricidad.