En respuesta a la actual crisis energética, el gobierno ha introducido un nuevo conjunto de medidas a través de un real decreto-ley para abordar los desafíos que enfrenta el sector eléctrico de manera integral. Estas medidas tienen como objetivo hacer frente a los crecientes precios, empoderar a los consumidores, promover la generación de energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Reconociendo la urgencia de la situación, los esfuerzos se han centrado en reforzar el apoyo a los consumidores en situación de vulnerabilidad energética, especialmente a medida que se acerca el invierno. El objetivo es aliviar la carga de las facturas eléctricas para los hogares más vulnerables. Como parte de esta iniciativa, se aumentarán los descuentos asociados al bono social, pasando del 60% al 65% para los consumidores vulnerables y del 70% al 80% para los consumidores vulnerables severos. Estos descuentos beneficiarán a más de 1,2 millones de hogares y la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además, se elevarán en un 15% los límites de consumo anual elegibles para el descuento del bono social. Este ajuste busca compensar parcialmente los aumentos de precios y acercar los límites a los patrones de consumo reales de los hogares más vulnerables. Permitirá la transferencia de energía con descuento no utilizada entre períodos, ya que las necesidades energéticas varían a lo largo del año.
Además de apoyar a los consumidores vulnerables, el decreto también incluye medidas para flexibilizar los contratos de suministro de energía eléctrica. Esto permitirá realizar modificaciones en la potencia contratada con una mayor flexibilidad que la ofrecida actualmente. Esta medida se fundamenta en la necesidad de ofrecer a todos los consumidores la posibilidad de adaptar sus consumos en el contexto de la crisis energética actual, donde el aumento de los precios está obligando a algunos grupos a ajustar sus patrones de consumo a esta nueva realidad.
Por último, se establecen disposiciones para homogeneizar y aclarar el concepto asociado al mecanismo de ajuste de costes de producción establecido en el Real Decreto-ley 10/2022. Esta medida busca evitar disparidades en la forma de recoger este concepto en las facturas de electricidad y clarificar algunos aspectos fundamentales de esta regulación.
En resumen, estas medidas tienen como objetivo abordar de manera integral la crisis energética actual y apoyar a los consumidores vulnerables. Se busca aliviar la carga de las facturas eléctricas, promover la eficiencia energética y la generación renovable, y garantizar una mayor transparencia en las facturas de electricidad.
